Power to the People!

Hoy nos vemos enfrentados ante una nueva oportunidad de construcción de país, desde las ideas y el debate de un tema vital para el desarrollo del país, la Educación.

Resulta paradójico que durante 20 años no haya sido posible enfrentar una discusión país acerca de la educación como un todo y que hayan sido los estudiantes, ocupando los mecanismos de presión tan criticados y temidos por algunos, los que hayan logrado poner en la agenda pública un tema que no se encontraba en ninguno de los programas presidenciales de las últimas elecciones. Es un buen ejemplo del poder que puede tener la Sociedad Civil bien organizada y empoderada, que tanto hace falta hoy en día.

El nuevo proyecto de Ley está destinado al fracaso, no porque la derecha se haya lanzado contra la propuesta de eliminar el lucro y la selección, sino que nació viciado desde que los distintos actores del Consejo Asesor no pudieron ponerse de acuerdo en apoyar su informe. Con esto mostraron la falta de madurez de todos los sectores involucrados. Pero aún así, el Gobierno no quiso perder la posibilidad de plantear una discusión bastante postergada, cuál es el destino de la educación en Chile.

Los contenidos del proyecto están bastante difundidos. Se refieren principalmente a superar la tarea ya lograda por los anteriores gobiernos: aumentar la cobertura. Hoy, Chile superó este escollo con una cantidad suficiente de colegios e instituciones que completan la demanda educativa. Pero surge un problema aún más grave, pues la calidad de la enseñanza entregada por todos los colegios es pésima (los niveles más bajos de logro del país en la prueba PISA representan el 48,2% de los estudiantes que la rindieron, en comparación con el promedio de los países del OECD que no supera el 17,9%). Chile se encuentra en uno de los peores lugares a nivel mundial en calidad de la educación, ni siquiera los mejores colegios particulares logran tener índices considerados aceptables para el promedio mundial. Aún así, se decidió retirar al país de la prueba internacional del TIMMS. Espero que no por vergüenza (el 60% de los estudiantes chilenos no califican en esta prueba, mientras que el promedio mundial es cercano al 28%, lo que pone a Chile al nivel de países como Arabia Saudita o Botswana).

Mucho se ha hablado del lucro, de la selección y de otros temas que, claramente, contienen una carga ideológica fuerte. Pero perderse en ese debate es ser miope ante el propósito final del proyecto. Centrar la discusión en el lucro es perder el foco y, nuevamente, mostrar la inmadurez del análisis. El tema central es la calidad, que según yo la entiendo, se refiere a entregar una educación que permita a todos los miembros de la sociedad acceder a cumplir sus anhelos, basados en una igualdad de oportunidades y en estándares tanto nacionales – el SIMCE es el único indicador de calidad, pues la PSU pondera otros factores que no sirven para determinarla – como internacionales. Asimismo, cualquier medida que, empíricamente, demuestre que puede aumentar la calidad, debiera ser aceptada. Si se demostrara que el fin del lucro o la selección sirven para este propósito, pues parece lógico eliminarlos en pos de un fin mayor. Ni la iniciativa privada ni una mal entendida Libertad de Enseñanza debieran interponerse en este camino. Pero como no hay evidencias que supongan que estas medidas aporten a una mayor calidad, está demás poner el grito en el cielo como muchos lo han hecho.

Pero, ¿qué medidas son, al menos, destacables de este nuevo proyecto? En primer lugar se fomenta la participación y formación de Centros de Alumnos, de Padres, consejos escolares, en fin, de una verdadera Comunidad Educativa. Los actores presentes en una escuela o institución educativa deben ser, todos, sujetos en su propio desarrollo y participantes en la toma de decisiones. Esto promueve la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad, haciéndolos salir del “ombliguismo” de los intereses netamente gremiales y asumir el desafío de responsabilizarse por el país.

Propone nuevos sistemas de aseguramiento de la calidad. Si bien no está propiamente tal en la ley, la creación de una nueva Superintendencia o Institución Aseguradora de la Calidad permite establecer los estándares básicos adecuados para tener estudiantes enfocados en la excelencia. Calidad no se refiere a contenidos mínimos ni tampoco a suprimir la posibilidad de impartir una enseñanza libre y orientada al proyecto educativo que cada colegio se imponga. Una institución encargada de velar por la calidad tiene sólo ese objetivo y, es de esperar, que el proyecto que presente el Gobierno respete ese espíritu.

Se extraña una propuesta referente a la responsabilidad social y el rol que le cabe al profesor en este proceso. Urge una reforma al estatuto docente que no vulnere lo obtenido por este gremio en demandas históricas, pero que, por otro lado, los haga responsables y comprometidos con las reformas que se plantean. Hoy en día los profesores que educan a los sectores más pobres del país tienen muy bajas expectativas de éxito y no se sienten parte de un esfuerzo educativo nacional, se sienten abandonados y limitados. Los profesores no actualizan sus conocimientos y, con ello, impiden la inserción de sus estudiantes a las nuevas tecnologías, teorías, conocimientos, y otros.

En conclusión, la discusión está abierta y es de esperar que nada se interponga – ni intereses políticos, económicos o ideológicos – en la consecución de una educación de calidad, competitiva y diversa. Los límites de la discusión están dados únicamente por las voluntades políticas existentes y por su capacidad de ser receptivos de los anhelos ciudadanos que dieron origen a este movimiento. Ni siquiera una reforma constitucional debiera extrañarnos, si con ello logramos salir del hoyo que nos ha llevado el actual sistema educacional.