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Constantemente hemos visto como diversas empresas han demostrado su “preocupación” y “compromiso” con la compleja situación económica de gran parte de la población del país. Recientemente, una importante cadena de supermercados ha decidido congelar 300 precios de bienes de primera necesidad hasta septiembre de 2008. Claramente muchos aplaudirán la medida y valorarán el “sacrificio” que realiza esta empresa. El problema es que no existe tal sacrificio, sino un verdadero aprovechamiento y un buen ejemplo para analizar lo que no se debe hacer en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

La RSE se entiende como el compromiso que la empresa asume con los impactos que sus acciones tienen en su entorno. Los que se encuentran en este entorno son los denominados stakeholders, es decir, todos aquellos a quienes les puede afectar la acción de la empresa. En el caso a analizar, los stakeholders de una cadena de supermercados como la referida son de varios tipos: accionistas, trabajadores, clientes, comunidades que vivan cerca de los locales y proveedores (entre otros). Son estos últimos los que más sufren con medidas como las de congelamiento de precios. Las políticas de precios bajos o de congelamiento de los mismos requiere que alguien, dentro de este grupo de stakeholders asuma el costo de estas rebajas para poder traspasar el beneficio a los consumidores. En este caso particular, la empresa o sus accionistas no dejan de recibir los mismos ingresos y los mismos márgenes de ganancia por producto (como lo demuestran sus balances financieros), con lo que deben exigirle a otro que gane menos por esta baja de precios. Este es el caso de los proveedores. Los proveedores de supermercados, salvo excepciones, son empresas de tamaño pequeño o mediano, incapaces de influir en las decisiones que realiza la cadena de supermercados, con lo que se le hace imposible oponerse a una rebaja de sus precios que permita al supermercado vender más barato manteniendo los márgenes de ganancia.

Es decir, una política de precios entre grandes áreas del comercio, como supermercados, retail, farmacias y otros donde hay dominio de unas pocas grandes empresas, corre el peligro de convertirse en una manera de afectar el desarrollo de la industria del país y de perjudicar a pequeños y medianos empresarios que actúan como proveedores. Estos proveedores, por tanto, deben vender a menor precio - generalmente fijado arbitrariamente por la gran empresa y no por el libre juego del mercado - sus productos corriendo el riesgo, muchas veces, de no cubrir sus propios costos. Si esta fuera la situación, es poco entendible que un proveedor siga vendiendo sus productos en un supermercado de esta cadena, pero el mercado en referencia se encuentra bastante viciado pues un proveedor que se rebela puede sufrir represalias como la marginación en el futuro. Esto sin considerar el costo de quedarse con la mercadería y no poder cubrir, al menos, parte de los costos.

En definitiva, cuando vemos que una gran cadena de supermercados anuncia que va a congelar precios por un tiempo largo, sin importar elementos como la inflación u otros, sólo esconde una mala práctica en materia de RSE. La empresa en cuestión no asume los impactos de sus acciones en todos sus stakeholders, sino que privilegia a aquellos que considera que mejoran su imagen, sin importar las consecuencias a largo plazo en los proveedores y en la comunidad en general. Acciones como éstas sólo logran distorsionar el mercado y perjudicar a todos los entornos de la empresa. Los consumidores pueden sentir que hay un evidente beneficio para ellos, pero es sólo un resultado efímero y temporal que no es posible proyectar a largo plazo. En definitiva, por una estrategia que pretende netamente mejorar la imagen de una empresa, caemos en el viejo dicho de “pan para hoy, hambre para mañana”.