Power to the People!

Juan Eduardo García Huidobro, presidente del ya concluido Consejo Asesor para la educación, manifestó en una entrevista por radio su disconformidad por el actual proyecto de LGE. El académico dijo que la institucionalidad en este tema debe ser construida por aquellos que hacen educación día a día y no sólo por los actores políticos. Sin ir más lejos, la UNESCO sacó una inédita declaración pública en la cual recuerda que se debe tomar en cuenta a los actores sociales a la hora de tomar definiciones sobre la nueva ley. Pero en vez de escuchar a los expertos e involucrados, y tomar decisiones participativas e inclusivas, nuestra “clase política” hace agua presentando un acuerdo que deja a todo contentos, salvo a los mismos que no se debiera ignorar.

Debemos recordar que una reforma estructural al sistema educativo era un tema pendiente desde la vuelta a la democracia. Los sucesivos gobiernos de la Concertación no habían tocado mayormente el tema, principalmente por lo difícil que sería plantearlo ante un escenario político adverso. Tuvieron que ser las “víctimas” de este hecho quienes pusieran el tema en el tapete. Sin la intervención de los pingüinos el 2006, nada de esto pasaría, y seguiríamos entrampados en debates fútiles ante la publicación de los resultados del SIMCE o la PSU.

Hoy en día, concluido el Consejo y presentado el proyecto de ley, vemos que ninguna de las indicaciones y peticiones de este movimiento – y de ninguno de los otros actores sociales relevantes – fue tomado en cuenta. Se puede estar o no de acuerdo con sus planteamientos, pero eso no invalida su postura. La educación es un bien público, nos guste o no, y como tal, debe obedecer a criterios participativos. Una reforma a la educación refleja lo que, como sociedad, queremos ser a futuro. Si lo que anhelamos es lo que se aprobó en el Congreso, el futuro se ve bien negro.

Ahora bien, referente a las actuales movilizaciones, no hay mucho qué decir. Se le ha entregado una herramienta potentísima a los actores sociales. Últimamente hemos visto que el que no se moviliza o paraliza, no obtiene nada a cambio. Si los camioneros no bloquean las carreteras, no hay aumento en la devolución del impuesto. Por lo tanto, si los escolares y profesores (paradójicamente los segmentos más involucrados en el proceso educativo) no se movilizan, entonces es impensable que puedan manifestar su opinión. Se ha tratado de dejar tranquilo a los secundarios entregándoles nociones de poder, integrándolos a las mesas de trabajo o generando negociaciones con ellos, pero a la hora de incorporar sus posturas o, al menos explicar su no inclusión, se les ha cerrado la puerta. No podemos pretender que se sienten tranquilos en el aula mientras ven su futuro destrozado por privilegiar acuerdos políticos por sobre medidas valientes y decididas.

Urge en Chile, entonces, procesos de participación ciudadana efectivos, que permitan a todos los sectores sociales manifestar sus posturas y opiniones hacia los tomadores de decisiones. Si queremos evitar manifestaciones, paros o tomas, la opción no es descalificar ni atacar, sino acoger y comprender. En definitiva, lograr que la ciudadanía haga suyo el futuro del país.