Power to the People!

* Esta es la primera parte de un contrapunto publicado en Revista Capital entre el cientista político Kenneth Bunker y su servidor. Esta es la columna del primero (si quieres ver el original, haz click aquí)

Las elecciones encarnan un mecanismo de representación directa, en el que cada persona electa reconoce la responsabilidad de traducir las preferencias de los ciudadanos en acciones y políticas públicas. Ahora bien, en su condición de representante, también están implícitos ciertos beneficios y privilegios que los apartan del resto de la gente. Pero, ¿cómo se justifican salarios más altos al del promedio? Y, ¿bajo qué método se fijan sin ser un área de competitividad dentro del mercado invisible? Pero, más importante: ¿por qué son considerados como personas más trascendentales?

El trato preferencial a los legisladores no es un tema nuevo. Los círculos aristocráticos y oligárquicos se han manifestado desde la época de la independencia. Si bien las diferencias sociales y culturales siempre han sido los enclaves más notorios, son los datos económicos los más lapidarios. En tanto es natural esperar que los legisladores tengan beneficios extraordinarios, son los beneficios especiales y la magnitud de estas sumas los que llaman la atención. Por ejemplo, los innecesarios y frecuentes viajes al extranjero y las prolijas entradas gratuitas para asistir al estadio ya son temas comunes. Y como si fuera poco, las cifras de las afamadas dietas terminan por erguir esta tesis de que los legisladores cuentan con beneficios excesivos. En esta línea, el problema central es que los montos asignados como sueldos –y asignaciones varias– de los parlamentarios son definidos y aprobados por ellos mismos. Así, podrían aumentar indefinidamente al no poder ser contrastados con lo que se considera un sueldo razonable –o ético– ajustable al mercado común.

Ahora bien, normativamente, ¿cómo se deberían fijar estos altos sueldos? Lo central es observar las tasas de participación de los legisladores en sus propios trabajos, la cual debería ser directamente proporcional al sueldo. Es decir, si participan en 100% de sus tareas obligatorias, se merecen el total del sueldo. Lamentablemente, la realidad chilena es lejana a ese postulado. En la última camada de diputados, sólo 6 de 120 tienen 100% de asistencia a las sesiones. Algo similar sucede en la cámara alta, donde sólo 5 de 38 han participado en todas las sesiones. Aunque existen leyes que sancionan estas ausencias, siguen siendo ineficaces en su objetivo.

Si bien se pueden justificar de innumerables formas las exageraciones en las dietas parlamentarias y los beneficios extraordinarios que tienen los legisladores, no debemos olvidar lo sustancial de estas personas: su carácter representativo. Pero más allá de eso, no lo deben olvidar ellos, quienes son los que con poder prestado tienen la facultad de legislar sobre su propio devenir. Ergo, parte de su responsabilidad consiste también en ser enfáticos en aplicar el sentido común y la mesura al momento de tomar decisiones.