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¿Qué es peor que meter un zorro en un gallinero? Eso es lo que se preguntan millones de argentinos en estos días. Y es que la pregunta no es al azar, sobretodo luego de que su presidenta, Cristina Kirchner, haya decidido enviar un proyecto de ley que propone la estatización del sistema de previsión social, las AFJP. Sin duda una medida controvertida y que va en contra de la tendencia latinoamericana de entregar a privados la administración de estos fondos, idea que nació en la dictadura militar chilena.

El sistema previsional argentino está en aprietos, de eso no hay duda. Se calcula que la pérdida de los ahorros del sistema alcanzaría al 50%, principalmente, debido a las fluctuaciones que se han producido en los mercados en estos tiempos de crisis. Ante este escenario, la creatividad argentina no conoce de malos ratos y la orden de un juez federal ha impedido que los ahorrantes retiren sus fondos, es decir, su dinero.

Por otra parte, la señora K, tan chavista en sus planteamientos y tan capitalista en su lista de compras, ha decidido solucionar su déficit de caja con un botín que es a todas luces atractivo: los fondos de pensiones. No resulta ilógico pensar que un fondo de esas proporciones le entregue mayor liquidez al gobierno, y de pasada, le permita manejar una cuenta corriente abultada. Mal que mal, no todos los argentinos se van a jubilar hoy, por lo que son varios millones de dolares disponibles. Lo preocupante es que hay una serie de cuestionamientos que nacen a partir de la medida, y que no han sido completamente resueltos por el Gobierno. En primer lugar, no queda claro los criterios por los cuales el Ejecutivo pretende administrar ese dinero, no se sabe si va a rentabilizarlo, mantenerlo en fondos fijos u otros. No sabemos cuál va a ser el monto el cual va a garantizar el Estado ni el mecanismo de aporte. Por otra parte, no hay claridad del sistema a ocupar para adueñarse de los fondos. Podría ser una expropiación a las AFJP, una compra forzada u otra alternativa.

Si estamos en presencia de un país en el cual no se ha alcanzado a jubilar siquiera la primera generación de personas bajo este sistema, malamente podemos tratar de evaluarlo de manera seria. Además, aquellos que sufrieron el cambio de regimen ya sufrieron la primera pérdida por ello, y con esto, asumirían una nueva sin garantizarles nada a cambio. En mi opinión, esta medida obedece, única y exclusivamente, a una maniobra populista y antojadiza, digna del desorden financiero y político que reina allende Los Andes. No deja de asombrar que uno de los países con mayor cantidad de recursos de la Region tenga niveles altísimos de pobreza y corrupción, donde sus ciudadanos no confían en el destino que el Estado le de a sus dineros y que nunca han planteado su jubilación en base a sus ahorros de toda la vida. Argentina no es un ejemplo a seguir, al menos en esta materia, aunque no faltarán las voces nostálgicas que querrán volver al modelo donde el Estado aseguraba todo, llevándose a si mismo a la quiebra y alejándose de la anhelada sustentabilidad.